Thursday 29 july 2010 4 29 /07 /Jul /2010 01:20

LA ECONOMIA PERUANA ENTRE LOS SIGLOS XIX – XX

Si bien el año de 1821 significó la independencia política de España, ella no canceló en cambio plenamente las antiguas estructuras y relaciones de producción existentes en la economía peruana. Siguieron subsistiendo instituciones organizadas por el sistema colonial que se remontaban a la época de la dinastía borbónica (siglo XVIII) e incluso a la primera organización realizada por el virrey Toledo (siglo XVI). Al lado de pequeños sectores capitalistas ligados a las actividades mercantiles, profesionales y burocráticas de las ciudades costeñas y de las principales ciudades del interior de la sierra, subsistía un gran sector de la población rural organizada en dos instituciones fundamentales, las comunidades campesinas indígenas y el latifundio o hacienda dominado por un Señor feudal (blanco o mestizo), principalmente en la región serrana. Por otro lado subsistía el espacio amazónico o montañoso, espacio que aparecía como el más importante por su extensión territorial y recursos naturales que por su población organizada en ancestrales costumbres tribales y a la cuál ni el poder incaico o hispánico pudieron dominar plenamente. Muchos de los rasgos institucionales heredados en el siglo XIX sin embargo subsistieron hasta bien entrados el siglo XX, otros tales como el tributo indígena o la esclavitud simplemente desaparecieron, la mayor parte de las instituciones económicas se reconvirtieron dadas las circunstancias en las cuáles se favorecía la expansión de relaciones de producción capitalistas. Éste fue un periodo en la que principalmente el guano, luego de la aguda depresión sufrida en la etapa post - independencia, insertó a la economía peruana como el principal valor de exportación en la economía mundial, principalmente de los países del capitalismo desarrollado. La acumulación interna generada a la sazón por espacio de casi tres décadas y recepcionado por el Estado vía ingresos fiscales no permitieron sin embargo transformar totalmente el panorama de atraso heredado de la colonia y exacerbado por las guerras caudillistas. La mayor parte de los ingresos provenientes del recurso guanero fueron redistribuidos principalmente en una expansión de la burocracia estatal, gasto militar, pago de las deudas externa e interna y a la onerosa política de construcción de los ferrocarriles, las que se suponía impulsarían el crecimiento económico al alentar la exportación de materias primas de las regiones hasta donde se extenderían estos ferrocarriles además que ayudaría a impulsar el comercio interno.

Las ilusiones de este crecimiento impulsado por una ventaja comparativa dado que el guano como recurso natural existía solo en el litoral peruano y era monopolizado por el Estado, finalizaron con su agotamiento y la crisis fiscal subsecuente a la crisis mundial de 1872. Las enormes deudas contraídas por el Estado para la financiación de la política ferrocarrilera y burocrática se agravó más cuando la amenaza creciente del vecino chileno contra el aliado boliviano complicó aún más la situación por controlar el recurso paliativo de las salitreras existentes en los desiertos de Tarapacá y Atacama. Para los países de Latinoamérica, decían las elites oligárquicas, la exportación de sus materias primas era la única manera de sustentar a los países en una crisis mundial que afectaba a todos de allí que la tragedia de la guerra del Pacífico solo es explicable en este contexto de crisis externa e interna generalizada y del cuál solo el país más consistente como Nación pudo obtener la victoria. Concluida la guerra y pacificada las regiones levantadas contra la ocupación chilena tales como los campesinos indígenas de la sierra central que apoyaron a A.A. Cáceres, los caudillos resolvieron el control del poder estatal mediante sucesivas luchas; primero contra Miguel

Iglesias que fue derrocado por Cáceres y luego de un periodo de gobierno militar de once años, en 1895, fue derrocado por Nicolás de Piérola, caudillo civil que contó con el apoyo de los sectores oligárquicos y populares del país. En el fondo la etapa de reconstrucción de la economía del país apostando a la participación del capital extranjero había empezado con el gobierno de Cáceres y el Contrato Grace, en la que se establecía ventajosamente para este último la apropiación temporal de la infraestructura de ferrocarriles y explotación extractiva de materias primas con beneficios de exoneración tributaria por un periodo de varias décadas. La corporación norteamericana, a cambio, respaldaría la capacidad de endeudamiento del Estado peruano frente a sus acreedores internacionales. La estructura productiva del país ligado estrechamente a la exportación entonces se hallaba gravemente afectada no solo porque haciendas y centros fabriles habían sido destruidos o arruinados por la guerra sino porque además las principales fuentes de exportación como las salitreras habían pasado a manos del invasor; la solución conseguida por entonces con el Contrato Grace en 1885 era la única tabla de salvación financiera que las clases dominantes pudieron ofrecer al país aún cuando muchos lo consideraban lesivos a la nación.

Con el Contrato Grace y las amplias facilidades dadas al capital financiero extranjero para instalarse también se inició una nueva etapa en la inserción económica del país con el mercado internacional por dos motivos. Primero, la forma de penetración del capital en las siguientes décadas sería mayormente norteamericano, adoptando una estrategia distinta a la practicada por el capital inglés que había penetrado en el siglo XIX a través de casas de prestamo y entidades financieras repartidas en distintas regiones del país – en el sur andino especialmente -, localizándose principalmente en el fomento del comercio de importación de mercancías europeas y exportando en cambio materias primas que serían reelaboradas en productos finales en las fabricas inglesas. La modalidad de penetración empleada por el capital norteamericano

en este caso se diferenciaba por cuánto éste ingresaría directamente como capital de inversión a centros de extracción de materias primas, principalmente en la minería como la Cerro de Pasco Cooper Co. , creando lo que algunos llamarían economías de enclave o centros de producción que autosubsistían sin mayor participación o beneficio en la producción de la economía local. Segundo, se pasaba de la dependencia financiera y mercantil inglés que había sido el rasgo dominante en el sector moderno de la economía peruana del siglo XIX, a los capitales de inversión y a tecnologías en las esferas de una producción ajenas a las necesidades internas del país. Con el transcurrir del siglo XX este cambio de influencia en las modalidades de penetración del capital y a la profundización de la sociedad peruana a esa dependencia, pesaría cada vez más en el tiempo dada que la capacidad de transformación de la estructura económica interna del país estaría en función de las decisiones de los capitalistas de los países desarrollados además de la influencia social, cultural e ideológica que se dejaría sentir especialmente con la dictadura del régimen de Leguía.

Mientras esto sucedía en los sectores modernos de la economía peruana en el sector tradicional o feudal del país también se venían dando cambios en sus estructuras productivas e institucionales. La población indígena luego de los desastres epidemiológicos acaecidos en los siglos XVI y XVIII, vino recuperándose lenta y sostenidamente en el transcurso del siglo XIX, principalmente en el área rural, organizada en comunidades campesinas y en haciendas. Las tierras que durante tanto tiempo permanecieron abandonadas por el vacío demográfico existente fueron nuevamente ocupadas por la creciente población, aunque no sin problemas tanto con los señores hacendados como entre comunidades y pueblos indígenas que empezaron a competir por su ocupación. Los censos existentes entre 1876 y 1940 son una indicación clara del crecimiento de la población en el Perú (220%). El número de pueblos y comunidades empezaron a crecer tanto en extensión como en cantidades; la participación laboral de los campesinos indígenas en los incipientes mercados de las ciudades, en los pequeños y medianos y grandes centros mineros de la sierra y selva alta, en las plantaciones de algodón y de caña de azúcar, el desborde de la población serrana para colonizar la montaña, el desarrollo de circuitos comerciales o de producción e intercambio de productos y el empleo temporal de su mano de obra por empresarios ligados a la producción interna y externa empujaron a las comunidades, habituales refugios de economías autosubsistentes, a disolverse o a transformarse en pueblos dinámicos. Las propias haciendas, espacio del poder tradicional en las provincias del interior del país, tuvieron que adaptarse a la producción para el mercado externo en algunos casos, produciendo y vendiendo lana como en el sur andino o cultivos de pan llevar para los mercados urbanos. En algunos casos esta situación implicaba mayores exigencias de trabajo bajo regímenes de servidumbre a los campesinos dentro de las haciendas; en otros implicaba la contratación de campesinos fuera de las haciendas como mano de obra asalariada. En ambos casos la explotación y los abusos por los métodos de enganche de mano de obra eran evidentes; sea porque los patrones y hacendados abusaban de su posición de mando y porque los propios trabajadores evadían los contratos fijados fugándose o no rindiendo como el empresario hubiera deseado.

El método del enganche pese a sus deficiencias era a pesar de todo el método más eficaz para reclutar una mano de obra poco disponible en un mercado laboral restringido por ambas instituciones heredadas de la colonia puesto que podían trabajar contratados solo de manera temporal haciendo imposible su permanencia definitiva ya que las haciendas como sus comunidades campesinas eran su refugio institucional cuando las crisis mundiales golpeaban a las economías de exportación y disminuía el requerimiento de su mano de obra. Con el tiempo el modelo exportador de materias primas e instituciones como la hacienda más que la comunidad, se constituirían para los reformistas sociales como los mayores obstáculos para conformar un capitalismo agrario, base de un potencial capitalismo industrial que fundara una nación moderna e integrada por un mercado interno sólido en sus bases sociales y regionales.

Por otro lado el auspicio de los diferentes gobiernos desde la segunda mitad del siglo XIX e impulsada en el Periodo de la República Aristocrática de 1890- 1919 para la inmigración extranjera (europea y asiática), fue la respuesta alternativa al problema de la carestía de mano de obra en el Perú, la que unida a un plan ferrocarrilero y complementado con un plan vial carretero impulsarían el crecimiento de la economía interna del país sostenido por la exportación exclusiva de materia primas teniendo como objetivo primordial de acceso las montañas selváticas que había demostrado con la “Era del Caucho” en la primera década del siglo XX, las bondades de su potencial integración a la economía de exportación. Este esquema económico de crecimiento y “progreso” impulsado por la república aristocrática y sustentada por coyunturas internacionales, favorable para rentabilizar ganancias en el mercado externo, iría excluyendo con el tiempo la posibilidad de organizar un mercado nacional interno en el largo plazo que requiriese atender las necesidades de los propios habitantes del país, no obstante ésta tenía algunas ventajas en el corto plazo dando resultados importantes en la economía del país. Las exportaciones crecieron entre 1890 y 1919 entre dos sectores principalmente: en plantaciones y estancias con algodón, caña de azúcar y lanas por un lado; y el sector minero extractivo por otro lado con la extracción de petróleo, caucho y cobre. El presupuesto público se incrementó en ese contexto al doble de su capacidad de ingresos y gastos, reorganizando el Estado su estructura burocrático- administrativo e institucional y expandiendo los servicios públicos a la población urbana principalmente. Bajo esas condiciones de crecimiento estrechamente ligadas a los sectores de producción extractiva de materias primas para la exportación, es que la sociedad peruana sufrió una transformación en su composición social y cultural, creando principalmente nuevos sectores de clases medias y obreras ligadas estrechamente al crecimiento del Estado y de una industria

fabril urbana local que no pudo seguir desarrollándose mas allá de la segunda mitad de la década de 1910 dada la preferencia de los gobiernos y las clases dominantes ligados a los igresos por exportación a fomentar el desarrollo de esa industria local por no poder competir con importaciones masivas que costaban más barato. A la larga trabajadores urbanos rurales y campesinos, tuvieron que acostumbrarse también a vivir más de la producción importada y a la posibilidad de vivir los desempleos crónicos por la falta de aquella decidida protección a la industria local.

En esas condiciones el país estaba sujeto a continuas crisis económicas con las consecuentes crisis políticas y sociales. La más importante de aquellas fue la que se produjo al finalizar la primera guerra mundial puesto que los ingresos al país por exportación disminuyeron cuando se dejó de favorecer la colocación de materias primas peruanos en el mercado mundial. El descrédito de los tradicionales partidos políticos de las elites: el Civil y el Demócrata que favorecieron tales condiciones de desarrollo, originaron las movilizaciones de obreros, empleados, artesanos y estudiantes que eran los principales afectados. En ese contexto es que las elecciones de 1919 se vieron rebasadas por la acción de un antiguo ex - presidente civilista. Augusto B. Leguía aprovechando la situación existente y yendo contra los tradicionales partidos y su excluyente modelo económico social y político es que inauguró un nuevo esquema económico para el país con base de un reimpulso de las exportaciones teniendo esta vez como principal mercado al emergente y desarrollado país norteamericano el cuál a su vez otorgaría fuentes de crédito con el cuál el nuevo presidente, esta vez de facto pese a su elección legítima, perpetuaría su regimen por once años con base a un gasto fiscal dirigido esta vez a la satisfacción de las demandas de las clases medias y trabajadoras. En ese periodo que va entre 1919 y 1930 la economía nacional siguió creciendo al amparo de las exportaciones en un 300% aumentando a su vez la deuda externa en un 900% para el financiamiento del gasto público que había diseñado. El Estado peruano siguió expandiéndose a ese ritmo y el gasto fiscal fue dirigido a obras de infraestructura tales como obras de irrigación, urbanización, salud, higienización, escuelas, equipamiento militar, edificación de viviendas para la clase media y trabajadora, espectáculos públicos y entretenimiento, poniendo un énfasis especial en las carreteras implementando para eso un dispositivo legal (Ley # 4113 de Conscripción Vial) que obligaba a la población masculina a trabajar doce días al año, llegando a cuadruplicar su extensión haciendo posible la introducción de vehículos que revolucionaron el transporte interno.

La euforia económica expansiva de la “Patria Nueva” vivida en ese tiempo, sustentada en la generosidad del mercado internacional y los prestamos internacionales “gringos” sin embargo llegaría a su fin con la crisis mundial de 1929, cuando una vez más las materias primas dejaron de ser adquiridas por el mercado mundial y en vez de seguir obteniendo dinero prestado de la banca norteamericana empezó ésta más bien a presionar para cobrarlas. En ese contexto el regimen que ya contaba con diez años y con una tenaz oposición política interna de parte de los antiguos miembros de las elites políticas tradicionales desplazadas y de parte de los nacientes partidos de izquierda tales como el APRA y Partido Socialista, además de los movimientos regionales no clientelizados o decepcionados por el regimen de Leguía, llevaron

a que éste renunciara al poder cuando el comandante Luis Sánchez Cerro con el apoyo de las clases conservadoras y populares, lanzara el manifiesto de Arequipa en agosto de 1930, terminando con ella la etapa de un periodo político en la que las elites políticas civiles de las clases dominantes (salvo el corto periodo del coronel Oscar Benavides al derrocar a Guillermo Billingursth) monopolizaron el poder del estado durante casi cuarenta años imponiendo las condiciones de un esquema de Desarrollo económico orientado “hacia afuera”.

Por Leoncio Yupanqui
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